La edil denunció prácticas de «revictimización» y «violencia política» tras los casos de acoso conocidos recientemente, defendiendo la vigencia de la Ley de Libertad Sexual y la necesidad de implementar un plan estatal de educación sexual obligatoria en todos los niveles educativos.
GETAFE/27 FEBRERO 2026.- Durante la sesión plenaria del mes de febrero en el Ayuntamiento de Getafe, la concejala de Salud, Consumo y Agenda 2030, Alba Leo, presentó una propuesta dirigida al Partido Popular de Madrid. La iniciativa exige una mejora en los protocolos de actuación institucionales para evitar el descrédito de las mujeres que denuncian acoso.
Leo calificó de «violencia machista» las reacciones que, a su juicio, buscan culpabilizar a la víctima en lugar de ofrecer protección. En su intervención, comparó la situación actual con casos históricos de acoso, señalando que el cuestionamiento de las denunciantes tiene como objetivo aleccionar al resto de mujeres para que no alcen la voz.
La portavoz recordó que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual obliga a todas las organizaciones políticas a contar con protocolos claros de prevención. Según la edil, esta normativa es fundamental para evitar la «humillación pública» y las campañas de descrédito que sufren las mujeres agredidas al denunciar en entornos políticos.
En el marco del debate, Alba Leo celebró la reciente votación del Parlamento Europeo en este 2026, que extiende la definición de consentimiento basada en el «solo sí es sí» a toda la Unión Europea. La concejala atribuyó este avance al trabajo del movimiento feminista iniciado en España durante el año 2023 y al Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero.
Como medida de solución estructural, la formación morada propuso la creación de un plan estatal de educación sexual. Leo defendió que esta materia sea una asignatura obligatoria y no un taller puntual, con el fin de combatir estereotipos y evitar que la pornografía sea la única referencia para los jóvenes.
Finalmente, la concejala subrayó que el feminismo debe traducirse en políticas públicas y justicia social, más allá de consignas temporales. La propuesta concluyó con un llamamiento a priorizar la educación como herramienta básica para que las víctimas encuentren protección y los agresores no hallen coartadas sociales.